“Que todo el que se queje con justicia tenga un Tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y arbitrario”
-José María Morelos y Pavón
Todos los días escuchamos frases como “vivimos en un Estado de Derecho”, “nadie sobre la ley”, o la más famosa de la alternancia: “el que la hace la paga”: Como la sociedad no ha perdido totalmente la fe, sigue creyendo en eso, pero la realidad es que tenemos uno de los sistemas de justicia más caros del mundo, salvo excepciones, nos han quedado a deber. Y precisamente estas excepciones son garbanzos de a libra algunos ministros, magistrados y jueces que nos hacen ver que no todo está perdido en nuestro sistema de justicia y su aplicación. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, entonces no tiene por qué haber ciudadanos de primera y de segunda, o que los inocentes estén en las cárceles y los delincuentes en las calles. Un tema que preocupa a la sociedad es que los funcionarios públicos violan derechos humanos y garantías de los ciudadanos. Y no solo eso, incurren en desacato violando sentencias ejecutorias dictadas por un Juez de Distrito. Aunque vivimos en una callada y tranquila ciudad colonial, suceden muchas cosas que los duranguenses deben de conocer. La delegada de Relaciones Exteriores, Ivette Karina Palencia Meza, está en el ojo del huracán derivado del amparo que interpuso en su contra Marcela de la Concepción Alvarado Aguilar en el Segundo juzgado de Distrito del estado de Durango, con número de expediente 1316/2014, por haber violado sus derechos humanos y garantías establecidos en los artículos 14, 16 y 25 de nuestra Constitución. La Dra. Alvarado Aguilar, con fecha de mayo de 2014 acudió a la Delegación de
Relaciones Exteriores con el fin de solicitar la renovación de su pasaporte, para ello presentó este documento, que le fue expedido en el año de 1993. Por ignorancia o por omisión, la delegada le negó el trámite a la Dra. Alvarado Aguilar; la delegada Palencia Meza debe estar enterada de que para efectos del pasaporte, el acta de nacimiento sirve para acreditar la identidad y nacionalidad del solicitante, y, de acuerdo al artículo 30 del ordenamiento en la materia, para renovar este documento bastará con el pasaporte anterior para acreditar a los o las interesadas.
Ignorando el pasaporte que presentó la quejosa para la renovación del mismo, la delegada le pidió un acta de nacimiento, la que fue expedida y certificada por el registro civil, donde quedó asentado que aunque dos actas tuvieran distintos nombres, la persona era la misma. Aun así, Palencia Meza le negó la renovación del pasaporte, pasó por alto que para anular las actas de nacimiento era necesario un procedimiento judicial. Ante la actitud prepotente de la delegada de Relaciones Exteriores, la Dra. Alvarado optó por promover un amparo indirecto para reclamar sus derechos, y el 17 de febrero de 2015 se dictó sentencia en la que se le concedió el amparo y protección de la justicia federal, la que causó ejecutoria el 18 de marzo de 2015: la delegada pretendió con recursos administrativos evadir la ejecutoria, sabiendo muy bien que no puede emitir impedimentos administrativos para afectar derechos de la población o de los ciudadanos.
Gracias al amparo, la Dra. Alvarado Aguilar pudo renovar su pasaporte, y como consecuencia de esto, la servidora pública incurrió en desacato, abuso de autoridad, uso indebido de
atribuciones, entre otros. Claro que el asunto no quedará en el clásico “usted perdone”. En su momento, tendrá responsabilidad patrimonial por daño moral y daño económico. ¿Recuerda usted cuando López Obrador fue acusado de desacato, perdió su fuero y tuvo que dejar el gobierno de la hoy Ciudad de México? Ya ve, en nuestra callada y tranquila ciudad colonial no pasa nada, la delegada sigue en funciones haciendo pasar un viacrucis a muchos de los que acuden a la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores para su trámite, y en especial a los campesinos. No todos los amparos que emiten los jueces federales dejan de acatarse, como es el caso de Rodrigo Medina en Nuevo León, que tuvo que ser liberado porque un Juez le concedió una suspensión provisional de amparo. Eso es lo que tiene que hacer todo funcionario público.