El gobierno estatal, sin competencia para resolver la reforma educativa

Los legisladores tienen facultades para hacer las leyes y el Estado tiene la obligación de que estas se cumplan. Todas las reformas estructurales producto del controvertido Pacto por México fueron, son y serán sumamente polémicas, a tal grado que el PAN no votó a favor de la reforma fiscal y el PRD votó en contra de la laboral. La educativa no fue aprobada, entre otros, por el PT, con su argumento de lo que representaba socialmente. Antes del periodo vacacional, aquí en Durango tanto maestras y maestros de la CNTE y del SNTE, independientemente del sindicato de que pertenezcan, se manifestaron en las calles tomando oficinas sindicales y de la propia Secretaría de Educación del Estado. Recordamos que el número que participó impactó a la sociedad, sobre todo la segunda marcha, que los medios de comunicación la calificaron como una de las más grandes de que se tenga memoria.
Derivado de los miles de maestras y maestros que se unieron a estas manifestaciones con el objetivo principal de desaparecer la evaluación a los maestros como quedó establecida en la ley y avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar que eliminar la evaluación de la ley, sería violar el derecho superior de los niños y su derecho humano a la educación. Los expertos en derecho constitucional opinan que por la vía legal los maestros ya no tienen nada que hacer, porque la decisión de la Corte es inatacable. Que en vez de ello, la única que les queda es la política, que hasta el día de hoy han seguido haciendo uso de sus legítimos derechos constitucionales, entre ellos el de la libre manifestación y la libertad de expresión. Los medios impresos y electrónicos en este tema han dado testimonio, en todo momento, de que la disidencia magisterial ha sido escuchada por el Secretario de Educación Héctor Vela, comprometiéndose a llevar ante las instancias correspondientes los argumentos y peticiones al hasta hace unos días Secretario de Educación Emilio Chuayffet, y también al INEE. Con ello, se ha dado muestra de que al menos el gobierno estatal tiene voluntad política, pero que de nada le sirve si no tiene competencia legal para resolver dicho problema.
Había fundado temor el día en que se inició el regreso a clases de que los maestros lo impidieran. A través de los medios de comunicación la sociedad se enteró de cómo los maestros llegaron hasta el edificio de la Secretaría de Educación para ser escuchados nuevamente, y otra vez la respuesta por parte de las autoridades fue la misma. La reforma educativa no se podrá resolver en el ámbito estatal porque le corresponde a las autoridades federales. Reiteramos: los maestros tienen el legítimo derecho a manifestarse y a inconformarse por lo que ellos consideran injusto, con el riesgo, conforme pase el tiempo, de que la lucha se desgaste. Los maestros deben de buscar otras estrategias para llevarlas a donde corresponde, porque el gobierno estatal los escuchará cuantas veces sea necesario, porque aunque no es responsable de esta reforma, tampoco puede ser omiso y no escuchar y atender a las maestras y maestros que no están de acuerdo con cómo quedó al final la reforma educativa. También creemos que el diálogo en este tema debe quedar abierto. Que el gobierno estatal lo siga haciendo como hasta el día de hoy.
 Una de las controversias más importantes es la de la evaluación, a la cual los maestros no se oponen. En lo que sí difieren es en cómo esta se lleva a cabo. Opinan que primero se les capacite para ser evaluados, porque de lo contrario seguirá aumentando el número de profesores que reprueben esta evaluación. Los ciudadanos somos los que pagamos con nuestros impuestos la educación, tanto de maestros como de los que componen el aparato educativo estatal y federal, por lo tanto, la sociedad también puede opinar, porque el problema no es solo de los maestros y del gobierno. Al final de cuentas, está de por medio el futuro educativo de nuestros hijos.