El primer mensaje que le envió el Legislativo al Poder Ejecutivo fue cuando no pasó la propuesta de Octaviano Rendón para nombrarlo presidente del Tribunal de Justicia. De acuerdo a la Constitución local, el famoso lagunero no reunía los requisitos de ley y le dieron reversa en el Congreso del Estado. Recordamos esta anécdota porque los diputados del PRI junto con los de Nueva Alianza y Verde Ecologista, con su mayoría en la actual Legislatura son el fiel de la balanza de todo lo que llega al Congreso, pero esa historia de las mayorías legislativas tanto en el Congreso de la Unión como en las entidades federativas, ya las conocemos. Por ejemplo, las reformas estructurales de Peña Nieto transitaron sin ningún problema, porque el PRI, PAN y PRD las acordaron desde que se anunció el Pacto por México, aunque tuvieron diferencias en algunas de las reformas, “haiga sido como haiga sido” las aprobaron porque tuvieron la mayoría en ambas cámaras.
En todo el país, el tema de los fiscales anticorrupción todavía está en veremos, y Durango no es la excepción. La corrupción, como dijo el clásico, sigue siendo un problema cultural de siglos en nuestro país, porque su solución rebasa por mucho al sistema político mexicano. De acuerdo a la ley, el gobernador del Estado tiene la facultad legal para enviar al Congreso su propuesta de fiscal anticorrupción, pero también el Congreso tiene la suya de aprobarla o no, ese es el tema jurídico. Así que en el terreno de la legalidad, los dos poderes tienen facultades en sus ámbitos respectivos. Haciendo memoria, este es el segundo revés político que recibe el poder ejecutivo. Fuera de eso,
el balance le favorece. Los diputados de oposición que tiene la mayoría han sido cuidadosos y equilibrados, pensando en el interés general de la sociedad. Pero el asunto de la fiscal o fiscal anticorrupción podría tomar un giro de 180°. Si la propuesta que de un momento a otro enviará el gobernador fuera rechazada, entonces, de acuerdo a la ley, serían los diputados quienes designarán a la fiscal o el fiscal en uso de sus facultades legislativas.
En este tema, no es todo asunto de facultades o de legalidad, el fantasma que hay en torno a ello es también, sin duda, de carácter político. Por desgracia no se puede dejar de hablar de ese tema. ¿Qué sucedió?, ¿abusaron los diputados de sus facultades o les faltaron operadores políticos al gobernador? A reserva de equivocarnos, esto último fue lo que sucedió, porque existen también las reglas del juego que son los acuerdos entre ambos poderes cuando así sea necesario, y esto pasa en todo el mundo. José Rosas Aispuro es un político inteligente, políticamente maduro, en su carrera política lo han doblado pero no quebrado, ha sabido llevar de la mano de su carrera su preparación académica, pero con todos esos atributos y los demás que puede tener, él no puede gobernar solo y hacerlo todo. Se supone que para eso están sus operadores políticos, ellos saben que no tienen mayoría en el Congreso y que la gubernatura como tal no les alcanza. ¿Por qué poner en riesgo a su jefe? La propuesta que hizo el gobernador no tenía por qué haber sido rechazada, esta, en su momento, debió haber sido acordada antes de ser votada en la Comisión de Justicia y en el Pleno, y si no entienden que ganaron la gubernatura pero perdieron la mayoría en el Congreso, y si no tienen la capacidad para negociar con los priístas, solo dañan la imagen del gobernador. ¿O estarán esperándose a tener mayoría en la próxima Legislatura en
2018? Pero la sociedad, no puede dejar todo en las manos de los operadores políticos del gobernador, de los diputados o de los organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, que se siente vocero y puede tomar decisiones por los ciudadanos. En la sociedad civil hay personas y perfiles que pueden dirigir la Fiscalía anticorrupción, y ahora que el gobernador dijo que podría ser una mujer la fiscal, apoyamos su propuesta y creemos que Julieta Hernández Camargo cubre los requisitos legales y académicos, experiencia en la lucha por las mujeres víctimas de la violencia, defensora como pocas de los derechos humanos y conoce los problemas de corrupción porque los ha visto que suceden en las distintas áreas de la administración pública. La abogada Hernández Camargo merece ser tomada en cuenta por el gobernador, al igual que otras mujeres. Y, en el caso de la abogada Hernández Camargo, aparte de reunir los requisitos que se piden, es importante la figura de calidad ética y moral que se requiere también para ser la fiscal anticorrupción. Por lo pronto, Julieta Hernández Camargo no tiene cola que le pisen.
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