“El poder es como un explosivo: o se maneja con cuidado, o estalla”
-Enrique Tierno Galván, político español
El Estado cuando lo rebasan los problemas sociales responde la misma manera: detener a quien se atreve a protestar cuando el gobierno impone políticas que afectan a los ciudadanos. Tal es el caso de los recientes impuestos a la gasolina, que de no haber marcha atrás, en próximos días veremos más aumentos en este combustible. La Constitución nos otorga a los ciudadanos derechos, entre ellos manifestarnos cuando un acto de gobierno viola nuestros derechos humanos y garantías, como son el derecho a la alimentación, salud, vivienda o educación. El fondo del problema es que los salarios que ganamos millones de mexicanos, en la realidad nos privan de los derechos que nos otorga la Constitución, ya que nuestros ingresos de nada nos sirven. Los resultados: unos viven en la pobreza alimentaria, que solo tienen para comer una vez al día, otros a los que le llaman pobreza de capacidades, que solo ganan para comer, pero no tienen para educación o salud, y los que viven en la llamada pobreza patrimonial, que si bien ganan para comer tres veces al día no les alcanza para vivienda, vestido, calzado, etcétera. ¿Se resolverán estos tipos de pobreza cobrando más impuestos? Es falso que el gobierno quisiera convencer a los que bloquearon las instalaciones de PEMEX con el diálogo, o persuadirlos de que se desistieran de los bloqueos. Solo buscó la manera de ganar tiempo para imputarles delitos y poder detenerlos. Adolfo López Mateos dijo la frase “en México no hay presos políticos, solo delincuentes del
orden común”, se le olvidaron los del fuero federal. En presos políticos se podrían convertir los mil quinientos detenidos como consecuencia de los bloqueos, cifra que dio a conocer la Secretaría de Gobernación. Si a todos ellos los acusaran de sabotaje, delito previsto en el artículo 140 del Código Penal Federal, podrían pasar hasta 20 años en la cárcel y pagar los daños que reclama PEMEX. Cuando en 1970 se aprobó la desaparición de los artículos 140 y 145 Bis del Código Penal Federal de aquellos años, donde estaba tipificado el de disolución social, que tuvo vigencia desde Manuel Ávila Camacho hasta Gustavo Díaz Ordaz, fue utilizado para reprimir a los opositores del gobierno. Así pasó, por ejemplo, con Demetrio Vallejo, Valentín Campa, José Revueltas y a Rubén Jaramillo no se lo aplicaron porque decidieron matarlo junto con su esposa y sus hijos en el estado de Morelos. Este es el origen del artículo 140 de nuestro actual Código Penal Federal, la única diferencia es que antes solo eran 12 años de prisión y ahora lo aumentaron a 20.
El Estado tiene la Ley para acabar con la protesta social, y a los ciudadanos solo les quedan los recursos legales, entre ellos el amparo, para defendernos de los actos de omisión de la autoridad. Hoy tenemos en Durango a tres ciudadanos privados de su libertad, acusados del posible delito de sabotaje. Nos referimos a Javier Reyes Ortiz, Hiram Soto Chávez y Job Villanueva, estos dos últimos estudiantes de la UJED. De acuerdo al presidente de la Barra de Abogados, Martín Estrada, existe la posibilidad de que mañana sábado podrían ser vinculados a proceso acusados de sabotaje, daños en propiedad ajena y deterioro financiero causado a la empresa del gobierno federal. Un día dijo André Breton, el padre del surrealismo, que México era el país más surrealista del mundo. Y no se equivocó. Aparte de los 20 años que les darían a los detenidos,
PEMEX reclama 500 mil pesos por haber pintado las bardas de dicha empresa y 61 millones de pesos por el supuesto daño financiero que se les causó. En buena onda, como dicen los jóvenes, ¿de dónde sacarán los imputados el dinero que se les reclama? Si fueran hijos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, no tendrían problema, lo mismo si tuvieran como padres a Rodrigo Medina, Humberto Moreira y otros distinguidos exgobernadores, pero en el caso de Javier, Hiram y Job, que son como nosotros, “¡háigase visto!”
Otras preguntas: ¿por qué nada más a ellos se les detuvo?, ¿mala suerte?, ¿fueron escogidos al azar?, ¿nada más ellos cometieron el delito de sabotaje?, ¿por qué no se los llevaron a todos los que encendieron la mecha, los transportistas, ellos no cometieron el supuesto delito de sabotaje? Podríamos preguntar más, pero la autoridad jamás va a contestar. Lo que se pretende con la detención de los tres duranguenses que protestaron por el aumento de la gasolina, el gobierno nos está enviando un mensaje: si te atreves a protestar en mi contra, por la razón que sea, mírate en ese espejo y echa tus barbas a remojar. En los próximos días habrá más impuestos, pero si nos atrevemos a protestar nos pueden acusar de sabotaje, motín, terrorismo, ataques a las vías de comunicación, perturbar el orden público y la paz social. Nos da gusto que no fueron detenidos los diez mil duranguenses que en días pasados salieron a manifestarse por las calles de nuestra ciudad. Por si se llegara a ofrecer, habrá que ir acondicionando La Velaria como CEFERESO.
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