“Vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicia, ni leyes, ni nada, nomás nuestro amor”
-José Alfredo Jiménez
“¡Háigase visto!”, el Ángel de la Independencia se llena de aficionados cuando los “ratones verdes” se cubren de gloria, o cuando los manifestantes inconformes se juntan para protestar por lo que sucede en el país, y otros marchan desde este monumento al Zócalo de la Ciudad de México. Pero que se reúnan en el ángel las cúpulas empresariales para protestar por cómo quedó la Ley 3 de 3 está fuera de lo común. Por lo general, estos organismos actúan con prudencia cuando algo les afecta, utilizan desplegados en los medios impresos para manifestar sus inconformidades, pero verlos en la calle Reforma para protestar en contra de esta ley es un llamado de atención al gobierno de Peña Nieto. El Estado no debe permitir que la bola de nieve siga creciendo y creciendo, que la liga se siga estirando cada vez más hasta que por el hartazgo se reviente, como sucedió el pasado 5 de junio.
La iniciativa de ley 3 de 3 se dio gracias a los ciudadanos con el fin de obligar a los funcionarios públicos a presentar sus declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses, entre estos se contaban los legisladores, líderes sindicales, jueces y ministros. Desde un principio, esta iniciativa de ley dio la voz de alerta entre los que utilizan puestos públicos para hacer negocios y grandes fortunas, lo cual es cierto, porque no se puede tapar el sol con un dedo. La COPARMEX de Durango y todos sus organismos a nivel nacional
tuvieron que ver con esta iniciativa, pronto encontraron la respuesta de la clase política. Aquí en Durango el primero que levantó la mano fue uno de los amigos más cercanos a Manlio Fabio Beltrones y delegado nacional del PRI, Abel Guerra, cuando declaró a los medios: “¿y a los empresarios quién les va a cuidar las manos?”. Coincidencia o casualidad, pero estas declaraciones se reflejaron en el artículo 32 de esta polémica ley, la cual dice que los empresarios estarán obligados a hacer públicas sus declaraciones fiscales, patrimoniales o de conflicto de intereses. Hasta el día de hoy así quedó la redacción en la ley. Pero como los legisladores tienen la facultad constitucional de hacer las leyes, no será ni la primera ni la última vez que nuestros diputados y senadores al final legislen para que la sociedad pague los platos rotos. Veamos: el artículo 29 de dicha ley manda por el arco de triunfo la iniciativa ciudadana. Como siempre, se salieron con la suya, porque el artículo 29 dice que legisladores, líderes sindicales, jueces y ministros están obligados a hacer sus declaraciones públicas patrimoniales o de intereses… con la excepción de que consideren que ponen en riesgo su vida privada o la de su familia. Cualquier parecido con la “chimoltrufia” es coincidencia o ciencia ficción. Si así quedara la ley, sería como si los patos le tiraran a las escopetas. Explicar por qué la élite de la clase política se opone a esta ley es muy sencillo: no podrían decirnos, por ejemplo, por qué un político con más de 30 años de carrera hoy podría aparecer fácilmente en la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, y qué decir del mítico líder sindical Romero Deschamps, ¿le daría su sueldo para ser hoy uno de los líderes obreros más ricos del mundo? Es millonario en dólares gracias a que ha dispuesto de recursos públicos. Ese es el fondo de la Ley 3 de 3.
¿Cómo estaría el asunto que Enrique Peña Nieto tuvo que recibir a los empresarios en Los Pinos que le pidieron que haga uso de su derecho de veto para la Ley 3 de 3? El destino de esta ley está en las manos del representante del poder ejecutivo y, si se nos permite comentar, en sus manos está también que el PRI siga en Los Pinos en 2018. ¿Se imagina usted al constructor consentido de Los Pinos haciendo públicas sus declaraciones fiscales, patrimoniales o de conflicto de intereses (léase la casa Blanca)? Podríamos agregar a Carlos Slim, a Alberto Baillères, Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga Jean y, ya encarrerado el gato, a las 300 familias que son las dueñas de este país. La autoridad política y moral de Enrique Peña Nieto está en juego, lo mismo como líder nato del PRI. Si no quiere ser pasado por las armas de la democracia, o sea el voto de los ciudadanos en 2018, más vale que haga uso de su derecho de veto.
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