A los campesinos y productores ni los ven, ni los oyen

Hace dos años, aquí en Durango, existió un famoso comprador de ganado que se hizo millonario gracias a que casi todos los campesinos y ejidatarios del estado le “vendían” su ganado, y el se los pagaba tres o cuatro meses después. Cualquier parecido con los actuales aspersores que dan financiamiento a los productores del campo, es pura coincidencia. En ocasiones, son modernas tiendas de raya porque con las cosechas que se levantan, al campesino no le alcanza para pagarles y sigue endeudado. Pero no crea usted que esto es ilegal, todo es conforme a derecho, para eso, el gobierno les da todas las facilidades, subsidios para que a final de cuentas ellos sean los beneficiados de lo que producen los campesinos, y que si no fuera por la Virgen de Guadalupe, hoy, cualquier pueblo del estado de Durango, sería Comala, la que nos describe Juan Rulfo en su obra maestra “Pedro Páramo”. Después de tres años de sequía, por fin volvió a llover. Todos echaron a volar las campanas, vaticinando que tendríamos una excelente cosecha en el campo duranguense, lo mismo sucedió en otros estados, conforme llovía, los pronósticos para el frijol eran excelentes, los “expertos” decían que se levantarían 150 mil toneladas en el estado, y, ¿sabe qué?: tenían razón. A diferencia de Florencio Rodríguez, los conocedores sí acertaron en sus pronósticos, la pregunta es: ¿de qué han servido las famosas 150 mil toneladas de frijol? Primero: los campesinos siguen sufriendo su histórica pobreza, y, segundo, los coyotes, pomposamente llamados “acopiadores”, siguen engrosando sus cuentas bancarias a costa de las mujeres y los hombres del campo de Durango y en todos los estados donde se produce frijol. ¿Pero quién es el responsable de que los acopiadores sean los modernos fariseos? Ya adivinó: el gobierno federal. El les ha dado los instrumentos legales, los pretextos para que compren el frijol al precio que ellos quieren. Al día de hoy, al parecer, tienen 50 mil toneladas en sus bodegas, las cuales no han pagado, ¿y sabe por qué? Es muy sencillo: argumentan que el gobierno federal no les ha dado los recursos para pagarles a los campesinos, ¿cómo la ve? Si damos por hecho que los amos y señores del campo de Durango tienen en sus bodegas 50 mil toneladas, ¿entonces, dónde están las otras 100 mil? La sociedad se pregunta por qué el gobierno no puede meter en orden a los acopiadores. Por un lado, tenemos las reformas estructurales que nos llevarán a ser en pocos años la Noruega de América Latina, en Michoacán, “haiga como haiga sido”, ya casi terminan con los Caballeros Templarios, las cámaras acaban de aprobar el Código Penal Federal que penaliza como terrorismo quebrar un vidrio de alguna tienda de conveniencia. Pero no pueden hacer nada en contra de los que abusan de una de las clases más vulnerables de México: los campesinos y productores que con su esfuerzo tanto le aportan al país. No queremos pensar que los acopiadores gozan de impunidad porque hay gentes importantes atrás de este negocio, por ejemplo los hermanos Bribiesca, hijos de la señora Martha Sahagún de Fox, ¿qué hay mexicanos que pueden pasar por alto la ley y otros, la mayoría, que tienen que cumplir al pie de la letra las normas jurídicas? La reforma para el campo que se aprobará este año, si no contempla justicia para las mujeres y los hombres del campo, de nada servirá. De nada sirve una reforma que nos haga productores de primer mundo, autosuficientes en alimentos, si no se acaba con los intermediarios, que son los que encarecen los productos agropecuarios. De nada servirá una reforma si no contempla un esquema justo de comercialización para el productor, para el que compra, para el que lo vende y para el consumidor final, que somos nosotros.