viernes, 5 de agosto de 2016

Uber jamás operará en Durango: Javier Covarrubias

Hace algún tiempo, cuando  una empresa del estado de Guanajuato intentó por primera vez,instalarse en Durango, organizaciones de comerciantes le exigieron al Cabildo de la capital que por ningún motivo se le permitiera a dicha empresa ponerse en algún lugar del bulevar Francisco Villa, con el fin de instalar una expo zapatera. El argumento fue que nadie de fuera tenía derecho a hacer negocios en Durango, el resto de la historia usted ya la conoce: se ampararon, y año con año, comerciantes organizados de distintos estados de la República se instalan en el famoso bulevar. La gente acude porque hay ofertas que nuestros comerciantes locales jamás nos dan, y la libre competencia beneficia al consumidor.


Claro que el asunto de Uber es otra historia. Primero fueron rumores de que esta empresa se pudiera venir a Durango, pero de un rumor pasó a ser una realidad para los líderes de los sindicatos de choferes: se convirtió en una amarga pesadilla. Sintieron que su imperio y cacicazgo corría peligro, pero sobre todo el negocio político y financiero que esto representa, sin dejar de mencionar que son más de nueve mil taxistas de acuerdo al padrón de Transportes del Estado.

De Uber se ha dicho mucho, y se seguirá diciendo. Hay un tema que al parecer no se ha tratado en los medios y es el legal. En días pasados, Juan Soto Ledesma nos dio unas clases de Derecho Penal donde textualmente citó el Artículo 360 del Código Penal del Estado, el que prohíbe prestar un servicio público de transporte de pasajeros carga o mixto, sin concesión, permiso o autorización del Gobierno del Estado y si se hace, se pondrá una pena de dos a siete años de prisión y una multa. Todo está bien, la ley es la ley. ¿Pero y los derechos de Uber y de los ciudadanos? ¿Dónde quedaron?

Vayamos por partes. La Constitución establece que ninguna Ley o Reglamento puede estar sobre lo que mandata. Si bien tenemos una Ley General de Transportes del Estado donde se establece que es la única que puede dar concesiones de transporte público, existen también los Artículos 5º y 28º de nuestra Constitución. En el Artículo 5º se puede leer: "A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por una determinación judicial. Cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la Ley cuando se ofendan derechos de la sociedad".

El Artículo 28 establece que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas. Aquí en Durango tenemos excelentes abogados expertos en Derecho Constitucional y Amparo que podrían explicarnos si la Ley de Transportes del Estado viola el Artículo 5º Constitucional y sí los Sindicatos de Javier Covarrubias y Raúl Samaniego están violando el Artículo 28 de la Constitución. Podemos suponer que a Uber, en su momento, si le interesa operar en Durango podría solicitarle la concesión a Transportes del Estado y si éstos se la niegan estará en condiciones de promover un amparo. 

El tema legal es uno, y otro el político, donde amarte duele; los intereses económicos y oscuros que afectan a Javier Covarrubias lo han convertido en el vocero de los Sindicatos, ya le dijo al gobernador electo que por ningún motivo van a permitir que Uber se instale en Durango. Inclusive, el líder choferil va más allá: habla de un complot en el que participan organismos empresariales a favor de la empresa internacional, para que preste aquí sus servicios.

Los sindicatos de choferes afiliados al PRI lo primero que deben de aceptar es que los cambios de la alternancia llegaron hasta estas organizaciones y tendrán que llegar hasta donde la sociedad lo requiera. Por lo pronto, ya encarrerado el gato; ¿Nos pueden jurar ante una virgen y frente a un altar las autoridades de Transportes del Estado que no circulan cientos de taxis piratas en Gómez, Durango, Lerdo y en todo el Estado? ¿A estos, que supuestamente infringen la Ley, se les aplica el Artículo 360 del Código Penal del Estado?

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Que se acabe el gatopardismo en México, que cuando algo cambie, que no siga igual, que sea para bien.