¿Se basará el INE en la convocatoria para que haya piso parejo?

Ayer sábado, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Durango, se aplicó a 231 aspirantes el examen de conocimientos y el gerencial para saber cuántos aprobarán el primer filtro y cuántos irán a la segunda etapa, última y definitiva. El humo blanco del INE para anunciar “habemus OPLE en Durango” saldrá el próximo 2 de septiembre. De estos 231 aspirantes, solo 7 tendrán el privilegio de integrar el OPLE del estado de Durango, el cual se estrenará en las esperadas y temidas elecciones de 2016, pero más que un privilegio tendrán la grave responsabilidad de cuidar el derecho que mandata la Constitución de votar y la obligación de emitir el voto, que casi nadie cumple por la sencilla razón de que no existe sanción alguna al respecto.

Hay que decirlo: la convocatoria del INE es muy rigurosa, la aportación del UNAM es de primer nivel y el CENEVAL, que será el encargado de aplicar el examen, está fuera de toda duda. Hasta ahí todo está bien. Sin embargo, en nuestro país- y Durango no es la excepción-, todo se politiza y surgen las interrogantes de una sociedad cada vez más informada y politizada (lástima que no vota), como la siguiente: ¿No irán a meter las manos en este proceso los partidos políticos o algún otro tipo de poder  con el fin de influir  en la integración del OPLE en Durango? Si el INE lo llegara a permitir, tendríamos que repetir lo que en una ocasión dijo Alejandro Martí: “Si no pueden, renuncien”. Sean quienes sean las próximas consejeras o consejeros del OPLE, tienen que ser los que hayan aprobado los exámenes y con las más altas calificaciones  de acuerdo al CENEVAL. Deben de ser los que cumplieron al 100% los puntos de la convocatoria incluyendo, por supuesto, el que estipula que los aspirantes deberán de gozar de un sólido prestigio ante la sociedad, porque para ser consejera o consejero se requiere de una conducta moral intachable.

Comentamos esto porque de los 231 aspirantes al OPLE, el nombre del actual consejero presidente del IEPC, Javier Mier Mier es el único que en los medios impresos, electrónicos y las imparables redes sociales ha sido señalado púbicamente por tener una demanda de controversia familiar, debido a que durante  más de  7 años  no ha cumplido con darle a su hija la pensión alimenticia correspondiente. Y de acuerdo a la abogada Martha Arreola, defensora de los derechos de la hija de Javier Mier, manifestó que desde el mes de febrero del año en curso la madre de la menor se vio en la necesidad de demandarlo para que cumpla con la responsabilidad que contrajo desde el nacimiento de la hija de ambos. Comentó la abogada a los medios de comunicación que esta demanda está únicamente en el ámbito familiar, y no como ha querido hacer creer Javier Mier Mier: que solo es un asunto político. Ahora resulta que no cumplir la responsabilidad con un hijo o una hija es un asunto político.

No se trata, como el corrido Gabino Barrera que compuso Víctor Cordero, de que este personaje dejaba mujeres con hijos por dondequiera. Hoy, los tiempos son otros. México y su sociedad han cambiado, es otro país y el Estado ha firmado Tratados Internacionales y en nuestra Constitución está, sobre todas las cosas, el derecho superior de las niñas y los niños. Sin ir más lejos: la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de fallar a favor de la evaluación de los maestros, porque suspenderla violaría el derecho superior de las niñas y los niños a la educación. Ya es tiempo de que no tengamos dados cargados a la hora de elegir funcionarios públicos, llegó el momento de que dichos funcionarios sean congruentes con su moral pública y privada, que la sociedad sepa que quienes nos representan en los distintos órganos del estado no tengan una doble moral y cola que les pisen.