domingo, 11 de marzo de 2012

El caso Peñoles, como un cuento de hadas: se hizo justicia


“La espiga que maduró, le dijo a la espiga verde: el que siembra en tierra ajena, hasta la semilla pierde”

-Tomás Méndez, compositor

Diría Josefina Vázquez Mota: 35 años de injusticias. Cuántas veces hemos escuchado decir a las autoridades responsables de aplicar la ley, que vivimos en un estado de derecho, que nada ni nadie puede estar por encima de la ley. La realidad, es que en muchas ocasiones no es así, y por alguna u otra razón, nos enteramos de que muchos presuntos inocentes, están presos, y que muchos presuntos culpables, andan libres por las calles, en síntesis: no se trata sólo de que se aplique la ley, lo más importante es que se haga justicia. Tuvieron que pasar 35 años para que el abogado Miguel Espinoza de los Monteros, apoderado legal de la familia Rodríguez Morga, lograra del tribunal superior agrario, un amparo a favor de sus representados. Historia legal que el litigante tomó en sus manos diez años atrás. Dicha resolución les regresa a sus legítimos dueños 795 hectáreas, ubicadas en Ciénega de Nuestra Señora, perteneciente al municipio de Santiago Papasquiaro, lugar donde se encuentra una de las minas de oro más importantes del país, y explotada por esta empresa y sus socios americanos y canadienses. La victoria legal del abogado Espinoza de los Monteros, a favor de la familia Rodríguez Morga no tiene precedentes en Durango, y creemos que tampoco en el país. Solamente despachos como los de Fernando Gómez Mont, o Diego Fernández Cevallos han logrado victorias millonarias en los tribunales. De ahí la importancia de que el tribunal superior agrario haya aplicado no sólo la ley, sino que hace justicia a la familia Rodríguez Morga. ¿Por qué tuvieron que pasar 35 años para que esto sucediera? La empresa minera mexicana, La Ciénega S.A de C.V, con pleno conocimiento de que el predio no les pertenecía a quienes se lo compraron, incurrió en una acción fraudulenta, pero también quienes legalizaron este hecho, forman parte de ello, seguramente porque se vieron beneficiados por la empresa, sólo así se explica el despojo del que fue víctima la familia Rodríguez Morga, porque para ello, se requiere de una cadena de complicidades y de impunidad. Pero este asunto no se queda sólo en el fallo a favor de sus legítimos dueños. Puso al descubierto, o mejor dicho, lo que muchos sabemos, que empresas como esta, a cambio de unos cuántos empleos que generan, se llevan desde hace mucho tiempo nuestras riquezas al extranjero, y para colmo, no pagan impuestos ni benefician a las comunidades donde se establecen. Es importante anotar que la mina que explota la empresa, que puede ser quizá la más importante del país, tiene reservas de oro por poco más de 50 años, y si no se ejecuta la sentencia del tribunal, los duranguenses sólo seremos testigos de cómo se llevan el oro en ocasiones en helicóptero, a Estados Unidos y Canadá.



De acuerdo a información proporcionada por Espinoza de los Monteros a los medios de comunicación, la compañía da empleo a setecientas personas en la región, a cambio de eso, extrae muchísimas toneladas de oro, que le representan utilidades mínimas de trescientos millones de pesos al mes, sin existir una supervisión real de los gobiernos federal y estatal sobre la extracción de oro y los impuestos que deben pagar al estado. Sin embargo, la empresa minera hoy tiene que enfrentar en su contra un fallo judicial que les cambió todo el panorama de los jugosos negocios que realizaron durante 35 años en una propiedad que no les pertenecía. De entrada, tendrá que pagar en su momento, una cifra millonaria para indemnizar a sus legítimos dueños, la empresa ha obtenido ganancias millonarias en dólares en un predio que sabiendo que no eran legítimos dueños, siguieron sacando muchas toneladas de oro para llevárselas fuera del país. El tribunal superior agrario, en tiempo y forma, tiene la obligación de ejecutar la sentencia que emitió a favor de sus dueños, para que se les regresen las 795 hectáreas donde opera la empresa minera. Da gusto saber que aunque después de muchos años, se le hizo justicia a una familia que ha dedicado la mayor parte de su vida para lograrlo. La empresa debe estar preocupada porque nunca pensaron que con todo el poder que tienen y sus abogados, tuvieran que verse en la necesidad de retribuirle a la familia parte de los negocios millonarios que hicieron en el predio equivocado. El fallo de tribunal superior agrario, dará mucho de qué hablar a nivel nacional e internacional, y el tiempo nos dará la razón.

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Que se acabe el gatopardismo en México, que cuando algo cambie, que no siga igual, que sea para bien.