Si hiciéramos cuentas de los recursos públicos que les hemos otorgado a los partidos políticos, a los institutos electorales estatales, a lo que era el IFE y hoy es el INE. Estos recursos, aplicados a programas sociales, a las áreas de la micro, pequeña y mediana empresa, seguramente los índices de pobreza no serían como los actuales, que de acuerdo al INEGI y al CONEVAL resultan perversos y ofenden a la dignidad de la mayoría de los mexicanos. De ese tamaño es el dinero tirado de nuestros impuestos que se ha ido a una democracia que está a varios años luz de distancia, al menos así parece. Mantener esa hidra de mil cabezas llamada burocracia partidista electoral y los privilegios que gozan todos los que integran el aparato para realizar los procesos electorales, sobre todo la elite a nivel nacional, y no se diga de los Tribunales Electorales estatales, Institutos de Participación Ciudadana, Salas Regionales, el INE y el TRIFE.
En este desierto de democracia electoral, donde algunos de sus integrantes viven como si fueran gentes de Dubái, ha surgido una gota de agua en la figura del diputado por Zapopan, Jalisco, Pedro Kumamoto. Si sigue como ahora, cruzando el pantano de la política sin mancharse, puede llegar como independiente muy lejos en este país. Con un Pedro Kumamoto en cada estado de la república, otro sería nuestro futuro, porque si los políticos tradicionales no se lo han acabado es gracias a la Virgen de Guadalupe. Pedro Kumamoto logró hace unos días, acompañado por personas de la sociedad civil de Jalisco, que el Congreso estatal aprobara una ley que entrará en vigencia en 2019. Esta es conocida como “sin votos no hay dinero
para los partidos”, y se aplicará a partir del 2021, y posteriormente en 2024. Esta iniciativa reduce en 70% el presupuesto para partidos políticos en ese estado. El mecanismo parece muy sencillo, como resultado de la elección anterior, de acuerdo a la votación emitida se dará a todos los partidos el 30% de manera equitativa. Y el otro 70% se dividirá de manera proporcional a la votación, obteniendo más prerrogativas el partido que haya obtenido más votos.
Pero podemos adelantar que por esta ley aprobada en el Congreso de Jalisco alguien pueda interponer una acción de inconstitucionalidad por una posible violación al artículo 41 de la CPEUM. Aquí en Durango hace unos días llegó al Congreso del Estado una iniciativa popular que de acuerdo a nuestra Constitución local en el artículo 59, Fracción IV, se establece que “los ciudadanos duranguenses podrán presentar al Congreso del Estado, al titular del Ejecutivo del Estado o a los ayuntamientos iniciativas de leyes, de decretos, reglamentos o acuerdos sobre los asuntos que atañen a la comunidad para el mejor funcionamiento de la administración pública”
Fue Ignacio Aguado, un político independiente quien llevó al Congreso de Durango dicha iniciativa, y fue presentada por el diputado local Jorge Salum del Palacio, a nombre de las fracciones del PAN y del PRD. Esta iniciativa propone bajar el número de regidores en todos los ayuntamientos del estado. De aprobarse, en su momento nos ahorraremos más de 45 millones de pesos de nuestros impuestos. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Durango, en lugar de 17 regidores serían 9. En Lerdo y Gómez Palacio, de 15 quedarían 9 y así de acuerdo al tamaño del municipio se daría la
reducción. Si ya se va a reducir el número de diputados en el congreso, pues de una buena vez también en los ayuntamientos el de los regidores. Iniciativas como las de Nacho Aguado acompañado de la sociedad civil debería haber más, porque al menos pagaríamos a menos representantes populares.
Ya que hablamos de las formas de participación ciudadana, establecida en el artículo 59 de la Constitución local, encontramos también las figuras del plebiscito, consulta popular y la iniciativa popular, que nos recuerdan la Puerta de Alcalá: mirando pasar el tiempo. ¿Usted tiene memoria de que alguna vez el Poder Ejecutivo del Ayuntamiento haya consultado a los ciudadanos en algo que afecte la vida pública del Estado o de los municipios? Claro que no, los ciudadanos duranguenses solo tenemos estos mecanismos legales para oponernos a las decisiones del Ejecutivo o del Ayuntamiento. ¿O acaso nos preguntan si estamos de acuerdo con lo que hacen? Ojalá que cuando se haga una consulta popular se nos tome en cuenta a todos, y no como siempre, que solo toman en cuenta a sectores, gremios, colegios de profesionistas, organismos empresariales, llámese COPARMEX o CCE. Para que esto no suceda, se debe pasar de una representación popular a una de participación ciudadana, ese es el camino.
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